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El Ejecutivo manifestó su oposición total al proyecto de ley impulsado por el diputado Jaime Mulet, que propone eliminar las multas por uso indebido del TAG. A través de una minuta emitida el 15 de abril, el Gobierno expuso múltiples razones para rechazar la iniciativa, calificándola como inconstitucional y perjudicial para el sistema de telepeaje del país.
Según el documento, la eliminación de sanciones comprometería gravemente el funcionamiento del sistema Free Flow y podría generar mayores niveles de morosidad en el pago de peajes, afectando directamente la recaudación fiscal y municipal.
Principales argumentos del Gobierno contra la medida
- Peligra el sistema Free Flow: La derogación de multas pondría en riesgo el modelo de cobro automático en carreteras. En zonas interurbanas, se podría volver al sistema de peajes manuales, mientras que en entornos urbanos se incrementaría la complejidad del cobro a través del reconocimiento de patentes.
- Mayor incobrabilidad de peajes: Sin sanciones asociadas, aumentaría el número de usuarios que evaden el pago, generando pérdidas que tendría que asumir el Estado.
- Desincentivo a la inversión: Las empresas concesionarias enfrentarían más riesgos financieros, lo que podría frenar nuevos proyectos o elevar sus costos.
- Injusticia con los usuarios cumplidores: Se establece una desigualdad evidente, ya que quienes pagan regularmente verían cómo otros se benefician sin consecuencias.
- Atenta contra el principio “el que usa, paga”: Este cambio implicaría que los costos de quienes usan las autopistas serían, en parte, absorbidos por todos los contribuyentes, incluso quienes no utilizan las vías concesionadas.
- Beneficia a una minoría: El 97% de los conductores cumple con sus obligaciones. Esta ley favorecería a un pequeño porcentaje que circula sin TAG o con el dispositivo inhabilitado.
- Impacto en las finanzas públicas y municipales: Las multas actuales aportan recursos tanto al Estado como a los municipios. Su eliminación generaría una caída en la recaudación, afectando presupuestos locales.
Aclaraciones del Ejecutivo frente al debate
El Gobierno también respondió a ciertos cuestionamientos sobre el sistema de sanciones. Recordó que desde fines de 2019, solo se aplica una multa diaria, sin importar cuántas autopistas se hayan utilizado, lo que ha permitido eliminar aproximadamente 8 millones de infracciones.
Respecto al valor de las multas, se aclaró que estas equivalen a 1 UTM y que podrían reducirse hasta en un 80% en 2025, incluso si el conductor mantiene deudas por peajes. Además, se remarcó que las sanciones están dirigidas exclusivamente a quienes incumplen la ley, con el fin de reforzar el cumplimiento del sistema de concesiones.
Finalmente, el Ejecutivo desmintió que las concesionarias se beneficien del cobro de multas, ya que los ingresos generados se destinan completamente a instituciones públicas: un 50% va al Fondo Común Municipal y el otro 50% al Juzgado de Policía Local correspondiente.
