La comunidad de Mariquina se moviliza contra la instalación del peaje en Pon Pon

En una contundente muestra de rechazo, los habitantes de la comuna de Mariquina se unieron en una protesta masiva para manifestar su oposición a la futura instalación de un peaje en el sector de Pon Pon.

La convocatoria logró reunir a vecinos, autoridades locales y dirigentes comunitarios, quienes expresaron su preocupación por las consecuencias negativas que esta medida podría traer a la comunidad. El proyecto presentado por la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) busca trasladar el actual peaje ubicado en Lanco hasta el kilómetro 781, incluyendo la instalación de un pórtico. Sin embargo, los residentes de Mariquina sostienen que esta decisión afectará significativamente su calidad de vida y generará un aumento de los costos para los habitantes de la zona.

Pamela Carrasco, presidenta de la Comunidad Indígena Kümey Che y del Comité Rural Los Castaños en Pon Pon, destacó la falta de diálogo por parte del MOP, afirmando que sus preocupaciones no han sido tomadas en cuenta. Aseguró que la instalación del peaje en el sector no representa un límite comunal y que el Ministerio persiste en su decisión a pesar de las objeciones planteadas.

La dirigente comunitaria explicó las consecuencias que esta medida traería consigo, haciendo hincapié en la división que generaría en la comuna. Además, resaltó el impacto económico que tendría en los residentes de Pon Pon, quienes se verían obligados a asumir un mayor costo para realizar sus actividades diarias, como salir de la zona o llevar a sus hijos al colegio. Los adultos mayores, en particular, se verían afectados al tener que pagar taxis para realizar sus compras en Mariquina.

Ante la falta de avances en las negociaciones, la comunidad de Mariquina decidió tomar medidas más contundentes, esperando que el MOP reconsidere su decisión y escuche las preocupaciones legítimas de los habitantes de la zona. La protesta masiva es solo el primer paso en su lucha por preservar su calidad de vida y evitar cargas económicas adicionales que podrían afectar especialmente a los sectores más vulnerables de la comunidad.

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